¿Rescate o secuestro?

Miren Etxezarreta
Catedrática emérita de Economía Aplicada de la UAB

Cada vez es más difícil entender la posición de los países que dominan la UE y a las autoridades de la misma. Parece que quienes detentan el poder en esta institución están empeñados en destruir a los miembros más débiles de la misma, con una creciente arrogancia e ignorancia, como dice Wolfgang Münchau, del Financial Times. Haciendo inevitable el castigo tras la supuesta culpa, como en el más obsoleto cristianismo del pasado. La actuación de las autoridades comunitarias frente a lo que califican de rescate de Grecia, y posiblemente pronto de Portugal, pone de manifiesto que no es el satisfacer el compromiso de la deuda lo que motiva sus políticas, sino que sus objetivos son de mucho mayor alcance, consistiendo en reestructurar las economías de la UE por un largo periodo para favorecer los procesos de acumulación.

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Un divorcio completo

MIREN ETXEZARRETA

Catedrática emérita de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Barcelona

En menos de una semana, la imagen que del Gobierno del país proporcionan los medios de comunicación ha experimentado un cambio muy significativo. De reflejar un Gobierno contra las cuerdas, acosado por los mercados y las instituciones internacionales y a punto de declarar al país en suspensión de pagos de la semana pasada (16-20 junio), nos muestran esta semana (21-25 junio) un jefe del Ejecutivo que recibe felicitaciones por doquier por la valentía de las medidas de política económica adoptadas y nos dicen que tales poderes ya no consideran a España próxima a la bancarrota. Parece que todos los intratables problemas de la semana pasada están ya en vías de solución.
La Unión Europea y sus principales poderes –el presidente del Consejo, Van Rompuy, y el de la Comisión Europea, Durão Barroso– felicitan a Rodríguez Zapatero en la cumbre de líderes europeos, y Alemania y Francia, a través de sus máximos dirigentes, apoyan las medidas del Gobierno. Lo mismo hace el presidente del Fondo Monetario Internacional (FMI) en su reciente visita a Madrid y, ¡máximo acierto!, Obama expresa a nuestro presidente “su apoyo a las medidas económicas adoptadas por el Gobierno español”.
Dentro del país, a pesar de que hubieran preferido unas medidas todavía más duras, PP, PNV y CiU se abstuvieron para que el paso de la última, por ahora, de las reformas propuestas (la reforma laboral) no tenga problemas; mientras tanto, ellos pueden seguir argumentando que no apoyan al Gobierno, como ejercicio preelectoral. Hasta el gobernador del Banco de España, en su diario ejercicio de intrusismo profesional, parece aceptar que las medidas son válidas, aunque también las hubiera preferido “más enérgicas”.
Todos ellos son organismos públicos. Todos ellos se están refiriendo a severos programas de ajuste, a medidas que suponen el freno al crecimiento; al retraso de la recuperación económica; al aumento de pérdidas en el sector inmobiliario, bancario e industrial (efectos de las medidas de ajuste aceptados por el propio Gobierno); a la congelación de las pensiones y, muy probablemente, a una reforma de las mismas que perjudicará a los futuros pensionistas. También abogan por una disminución del gasto público que está poniendo en graves dificultades el ejercicio de la función pública en todas sus facetas y obligando a la sensible disminución del Estado del bienestar, potenciando la privatización de los servicios públicos (previsión del copago sanitario y otros); la reducción de los salarios de los funcionarios y al más que probable menoscabo de los de los demás trabajadores; el abaratamiento del despido; un grave debilitamiento de los convenios colectivos; y el deterioro de las garantías judiciales para los trabajadores, más un largo, largo, etcétera de consecuencias negativas para la mayoría de las poblaciones.
Para justificarlas, los órganos de poder y sus apoyos lo repiten por activa y por pasiva: son medidas muy dolorosas pero inevitables. Prácticamente sin otros argumentos. No hay otro remedio que aceptar estas medidas que, ya ni se molestan en negar, son impuestas por los especuladores financieros que se han dado en denominar mercados, aplaudidas por las instituciones internacionales y aceptadas y ejecutadas por dóciles
gobiernos.
Es muy grave que esta repetida afirmación sea falsa. Hay otras muchas medidas que se pueden tomar y muchos solventes economistas se han referido a ellas. Pero no queremos ahora detenernos en este aspecto, sino en la importancia que tiene la complicidad de todos los gobiernos y de todas las instituciones internacionales, entes públicos, aceptando, corroborando, aplaudiendo y reforzando unas medidas que sólo pueden suponer, y ya están suponiendo, un gravísimo deterioro de las condiciones de vida de la mayoría de las poblaciones. Y no sólo lo están haciendo para España,
aunque nos refiramos a ellas por sernos más próximas, sino, por lo menos, para todos los países de la UE con problemas, como antes lo hicieron para los países periféricos. La inmensa mayoría de los poderes públicos mundiales –¿se exceptuarán las Naciones Unidas o saldrá también a apoyar el coro de los apologistas?– apoyan con entusiasmo las oprobiosas recetas que los mercados están exigiendo para las poblaciones de los países, exclusivamente para la obtención de mayores beneficios para los capitales financieros.
Para quienes consideran y afirman que los poderes públicos son entes neutrales, dedicados a dirimir los problemas y conflictos entre los diversos intereses de una sociedad, esta situación plantea una posición difícil de sostener. Es evidente que estos poderes públicos están del lado de los mercados, como casi siempre en la historia. Pero ahora su posición se manifiesta con una claridad meridiana.
¿Es posible que las poblaciones observen estas posiciones y el mal que les causan y sigan creyendo, como un acto de fe cuasi religioso, en los poderes públicos de cualquier nivel? ¿Son conscientes todos estos poderes, desde el FMI hasta el menor Gobierno autonómico, de que se están mostrando y actuando según la faceta más impresentable del poder político? ¿Son conscientes de que están proporcionando la evidencia de que las instituciones políticas son entes de clase? ¿Qué tipo de credibilidad en las instituciones pueden estimular con estas opciones y actuaciones? ¿Necesitan preguntarse por las razones de la desafección de las poblaciones por la política?

Font original: Público

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¿Se privatiza la política?

Miren Etxezarreta
Catedrática emérita de Economía Aplicada de la UAB

Cuando hace unos días empecé a escribir esta nota tenía en mente al Parlamento Europeo. No obstante, los acontecimientos económico-políticos se suceden con tal velocidad que dicho comentario ha quedado ya pequeño y la ausencia de democracia se acentúa: ahora resulta que ni siquiera los gobiernos tienen que estar sometidos a las formas de legitimidad democrática y que la única preocupación es que los mercados muestren su satisfacción con estos.
Empecemos por la única institución electa de la Unión Europea. En los últimos meses, ¿alguien ha oído hablar del Parlamento Europeo? Ha desaparecido de la escena. Frente a las enormes turbulencias que está experimentando la Unión y las importantes decisiones que se toman en su nombre, no aparece ni una sola referencia al Parlamento. A pesar de la acentuada debilidad de la democracia en la UE, y de que siempre ha sido un ente marginal en la estructura de la Unión, es la única institución refrendada por los europeos, y ni se le ve, ni siquiera se pretende que tenga la más mínima importancia.
No es sólo el Parlamento. La gestión de la crisis de la deuda está siendo regida casi en exclusiva por Angela Merkel y Nicolas Sarkozy que deciden cuáles serán los pasos que habrán de dar los culpables países deudores y los que habrán de seguir sin fisuras los 17 países de la eurozona y los 27 de la Unión. Que, por otra parte, no parecen resentir demasiado esta situación mientras puedan continuar tranquilos. Tampoco parece que a Merkel y Sarkozy les moleste que sea tan conspicuo que sean ellos solos los que decidan frente a sus 17 o 27 copartícipes nominales.
Aunque algunos órganos directivos intermedios de la Unión muestran algo más de presencia –se
reúnen los ministros, sobre todo los de Economía y Hacienda, para preparar las reuniones de sus respectivos jefes de Gobierno– al final aceptan los dictados del tándem Merkel-Sarkozy, o sirven para justificar las pomposas reuniones de Barroso y Van Rompuy, que luchan desesperadamente por parecer que mandan algo en la Unión mientras son
desautorizados por los dirigentes francoalemanes todas las veces que a estos les parece.
Toda esta evolución tenía que concluir como lo está haciendo, con el nombramiento de dos jefes de Gobierno de los países con los mayores problemas realizado por canales jurídicamente válidos, pero con el mínimo de incidencia de las ya muy desarboladas instituciones democráticas. Y cuya principal virtud parece residir en que son técnicos y no políticos. Pero los mercados están muy contentos y, sobre todo, Goldman Sachs que, una vez más, consigue que entre los principales dirigentes de los países se sitúen –o ¿ellos les sitúan?– sus antiguos empleados o un tecnócrata griego de amplio recorrido que, casualidad, facilitó la entrada de Grecia en el euro realizado.
Lo grave no es sólo la carencia democrática casi total, sino que esta dinámica no es más que la evolución natural de unas tendencias a ir disminuyendo el papel de las instituciones democráticas en la vida de los países. Se está privatizando la política, potenciando cada vez más, con mayor fuerza y con menores precauciones, el que la gestión de la vida común no la realicen los políticos –por muy insatisfactoriamente que sean elegidos– sino agentes cada vez más directos de los grandes poderes económicos. La disminución del papel de los legislativos, los lobbies empresariales, las puertas circulares, son aspectos bien conocidos desde hace tiempo en la escena política, pero los últimos acontecimientos apuntan a una potente ampliación de estas dinámicas y a la gradual sustitución de los políticos por técnicos de alto nivel de los poderes dominantes. El último y claro ejemplo son los nombramientos del jefe de Gobierno de Grecia y el de Italia, y el hecho de que son saludados con entusiasmo por los mercados y la inmensa mayoría de los dirigentes políticos y los creadores de opinión. Es curioso que los técnicos sean considerados en tan alta valía, pues parece lógico pensar que en general los políticos que mandan tienen tras ellos el asesoramiento de técnicos de no menor valía que los que ahora se ensalzan. ¿Tanto es el peso de unas pocas personas en los asuntos de Estado? En definitiva, se trata de la negación de la política.
En España se perciben también estas tendencias. Zapatero ha hecho gala frecuentemente de sus reuniones con banqueros y empresarios de primera línea y sus correspondientes técnicos para orientar la política económica, se establecen think tanks para tratar de encaminar la trayectoria del país, surgen documentos donde los técnicos pretenden no sólo realizar diagnósticos de lo que sucede, sino que aconsejan directamente a las más altas instancias (rey y Gobierno) acerca de la trayectoria que se debe seguir (véase la iniciativa Transforma España, por ejemplo), siendo parte de la recomendación la gradual dejación de la política en manos de los técnicos (aunque estos, causalidad, sean los técnicos de los poderes económicos dominantes).
La democracia, débil, imperfecta e insuficiente como es, está siendo asfixiada por los poderes económicos en aras de una muy hipotética eficacia que, además, favorece los intereses más poderosos y deteriora la situación de las poblaciones. Es un desarrollo muy grave, porque puede conducir a posiciones de dictadura práctica por parte de una tecnocracia dirigente minoritaria, muy alejada de los intereses de la población y sin ningún control social. No se abandona la política impunemente y esta degradación de la misma puede tener consecuencias muy serias en el futuro.

Font original: Público

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¿Dónde están los responsables?

Algunos prominentes personajes empiezan a cuestionar los programas de ajuste que se están implantando en la UE, sobre todo en los países periféricos. Además de Krugman y Stiglitz, economistas que llevan tiempo explicando el disparate que dichos programas suponen, ahora Geithner, Secretario del Tesoro de Estados Unidos, Barroso, Presidente de la Comisión Europea, y, entre otros, altos cargos comunitarios y el especulador Soros con 1.300 firmas más en una carta al BCE y a la UE, señalan que la estrategia de ajuste no es la mejor, que se debe aflojar el ritmo de reducción del déficit para que crezca la economía y el empleo, que es lo importante e imprescindible; hasta Rubalcaba admite que ‘existen dudas razonables sobre si España se estará pasando en la dosis de ahorro‘. En el alambicado lenguaje de los políticos esto equivale a confesar que estos programas son erróneos y perjudiciales.
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Mucha algarabía, pero nada cambia

Miren Etxezarreta
Catedrática emérita de Economía Aplicada de la UAB

A primeros de diciembre se generó una gran expectativa acerca de la propuesta de los dirigentes Merkel y Sarkozy para la cumbre europea del 9 de diciembre. Una vez más, se hacía referencia a una propuesta y una cumbre “históricas” –ya van siendo bastantes– y parecía que de ambas tenían que salir medidas clave para resolver los graves problemas que se le presentan a la Unión Europea, y en especial a la eurozona.

Los dos mandatarios (Merkozy) presentaron una propuesta en la cumbre que fue enseguida aprobada por casi todos los países de la UE. Incluso los que no están en el euro la han aceptado también, aunque Hungría, la República Checa y Suecia han de consultar todavía a sus países y Reino Unido la ha rechazado.

El show Merkozy ha supuesto poco más que una demostración del poder de ambos dignatarios en la Unión y una intensificación de lo que la UE sostiene desde mayo de 2010. El aspecto más destacado es que se “armonizarán” las políticas fiscales, lo que significa principalmente que el déficit estructural del presupuesto tendrá un límite del 0,5%, que habrá de integrarse en las constituciones de los países y ser monitoreado por el Tribunal de Justicia de la UE; y que habrá correcciones y sanciones automáticas a los países no cumplidores, con incremento de las sanciones. La política fiscal, que hasta ahora gozaba de cierto grado de libertad, queda en adelante sometida a las autoridades de la Unión.
Se han añadido otras medidas, como que las decisiones no se tomarán por unanimidad, sino con una mayoría del 85% –lo que supone que Alemania, Francia e Italia tienen derecho al veto pero no España–, así como respecto al Fondo de Estabilidad permanente; con algunas más de carácter menor.

Sin embargo, al mismo tiempo se impide que el BCE tenga un papel más activo para resolver los problemas: se afirma que este no emitirá eurobonos, aunque parece que su gobernador (Draghi) no los descarta del todo; que no se emitirán avales europeos; que no se ampliará la compra masiva de bonos de los estados con dificultades; medidas que realmente podrían paliar los problemas financieros de los países periféricos. Por el contrario, el BCE ampliará los plazos para dar créditos al 1% a los bancos privados –de 3 a 36 meses– y estos pueden prestar a los estados, pero no prestará ni al FMI ni a los fondos de rescate europeos. Si los estados necesitan fondos tendrán que pedírselos a los bancos privados, a los mercados. Como el BCE por ley no puede ayudar directamente a los estados, se acude a la rocambolesca vía de que ¡los estados europeos bilateralmente presten al FMI 200.000 millones de euros, para que les ayude a ellos! Se insiste en la recomendación de realizar rápidamente cambios estructurales, en especial la reforma laboral, la de la negociación colectiva, las privatizaciones y el adelgazamiento del Estado del bienestar. Por supuesto, no hay ayudas para políticas activas de crecimiento, para la recuperación económica, ni para políticas sociales.

En conjunto se refuerza la austeridad, se dan importantes facilidades a la banca privada, se estrechan los márgenes para la actuación del BCE de apoyo a los estados y se hacen potentes sugerencias de reformas estructurales. En definitiva, vuelven insistentemente a lo que más importa: apretar con dureza a las poblaciones de los países con problemas bajo el argumento de reducir el déficit y disminuir la deuda.

Todas estas medidas, que tienen un gran impacto negativo en los países periféricos, no serían tan dañinas si la UE tuviera una política económica compensatoria de apoyo a las economías de los países. Pero de esto no existe ni el más mínimo rastro, sino que se percibe una decidida voluntad de no hacerlo (disminución del presupuesto de la UE). Con lo que la política económica de la UE es sólo recesiva y represiva.

En España el nuevo Gobierno ya ha afirmado que seguirá fielmente la normativa europea. De hecho, los límites al presupuesto y la prioridad del pago de la deuda ya se introdujeron en la Constitución con prisas por el Gobierno anterior. Lo que obliga a drásticos recortes del presupuesto, la correspondiente disminución del gasto social junto con la destrucción gradual del Estado del bienestar y el estímulo a su privatización. Las primeras pistas acerca del programa del recién estrenado Ejecutivo señalan su prioridad en realizar las reformas estructurales, especialmente la reforma laboral, sosteniendo que una desregulación creciente del mercado de trabajo mejorará la creación de empleo, mientras que la patronal no se recata en exigir el derecho a utilizar a los trabajadores como mejor le plazca. Se acoge la idea de los miniempleos con entusiasmo, aunque es de temer que sean más minisalarios que otra cosa.

Después de toda la algarabía acerca de los problemas del déficit y la deuda, de las propuestas de Merkozy y de la cumbre del 9 de diciembre, llegamos al verdadero objetivo: austeridad, recortes y reformas estructurales. Sabiendo perfectamente, además, que con ello no se resuelve el problema del déficit ni de la deuda, y mucho menos de la economía de los países. No es extraño que las agencias de evaluación no se hayan dejado impresionar por toda esta parafernalia y hayan rebajado las posiciones de todos los países de la eurozona. Probablemente han percibido que todo este estrépito no cambia en casi nada la situación europea.

Lo que de verdad buscan los poderes fácticos es lo mismo de siempre. Tras el bullicio, las políticas para lograr lo que de verdad interesa: el control de los trabajadores, el deterioro de sus condiciones de trabajo, el dominio de las poblaciones, la reducción al mínimo del Estado del bienestar y el debilitamiento de la democracia, la incertidumbre y un grave deterioro económico para la ciudadanía, para que todo ello les permita recuperar rápidamente sus beneficios.

Font original: Público

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Tan largo que me lo fiáis

MIREN ETXEZARRETA | Setmanari La Directa 04/10/2011

Costa entendre el sentit de tota aquesta operació, com no sigui l’interès de deixar-ho tot “lligat i ben lligat” per a molts anys en el futur.

La recent modificació de la Constitució per introduir-hi el requisit de l’estabilitat pressupostària ha generat tanta reacció a la societat i als mitjans que sembla impossible tornar a parlar-ne sense repetir-se. No obstant això, hi ha un aspecte que no ha rebut tanta atenció i pot ser interessant aturar-s’hi.

Miren Etxezarreta - Foto: Silvia Vilasaló

Miren Etxezarreta - Foto: Silvia Vilasaló

Em refereixo al joc dels temps. Una modificació exprés d’un “document” que durant 33 anys s’havia sostingut que era impossible de modificar, quan falten poc més de dos mesos per unes eleccions generals que, s’estima, suposaran un gran canvi en la distribució del poder polític del país, amb procediments de la màxima urgència i per establir una modificació de principis que només serà operativa el 2020.

Costa entendre el sentit de tota aquesta operació, com no sigui l’interès de deixar-ho tot “lligat i ben lligat” per a molts anys en el futur. No pot ser que una imposició del rigor a vuit anys vista serveixi per tranquil·litzar els mercats, que es mouen per diferències en segons.
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Impuestos a la carta

Miren Etxezarreta – Catedrática emérita de Economía Aplicada de la UAB

Ilustración de Patrick Thomas

Es curioso el revuelo generado en torno a la hipotética demanda que se han planteado hacer algunos ricos españoles de que se les aumenten sus impuestos siguiendo el ejemplo de sus colegas de Estados Unidos, Alemania y Francia. En el fondo es un tema menor que ha recibido una gran atención mediática. Parece que ser un muy rico moderno exige que se pida al Estado que aumente la imposición sobre sus respectivas fortunas para hacer su aportación a la salida de la crisis, añadiendo además sobre qué bases y tasas de imposición se puede hacer. Hay quien se impresiona por este patriotismo de los fortunados y considera que es una encomiable actitud digna de ser copiada. ¡Qué buenos, qué progres, son los ricos de ciertos países, mientras que nuestros ricos siguen negándose a asumir estas tasas voluntarias! Porque, eso sí, los ricos españoles, por si acaso, de momento se niegan rotundamente a esta posibilidad.

Este es un pequeño indicador que muestra ampliamente hasta qué punto estamos perdiendo las rutas del análisis social. Resulta que ahora quienes poseen las más grandes fortunas son quienes van a decidir por sí mismos si van a ser o no gravados y en qué formas y niveles, usurpando una de las pocas atribuciones que le quedan al Estado de regular la vida social. Sólo si a ellos les parece bien, podrán ser gravados y serán ellos asimismo quienes decidirán sobre el alcance de dicha imposición. Es totalmente el fisco al revés. En lugar de ser el Estado el que disponga el sistema impositivo que considere adecuado, se encuentra ahora en una posición en la que los filántropos adinerados le dirán lo que tiene que hacer. ¿Es el poder del dinero tal que se le admite que establezca su propio sistema de imposición? Quizá sea más grave que quienes guían a la opinión pública lo presenten como algo positivo en vez de mostrar su verdadera naturaleza de absorción de uno de los pocos reductos que le quedan a la acción pública.

Filántropos con intención de incidir en la actuación pública los ha habido siempre y los seguirá habiendo en el futuro, pero que esta supuesta filantropía llegue a determinar una parte importante del sistema fiscal no deja de ser una ocupación escandalosa de la autoridad democrática.

Desde la crisis de los setenta, los impuestos disminuyeron en todo el mundo occidental y en España han estado disminuyendo principalmente en las dos últimas décadas. Y ahora estos ricos que tanto han presionado para la disminución de impuestos a los tramos económicos más altos y sus fuentes de riqueza pretenden presentarse como ciudadanos responsables que están dispuestos a pagar un poco más, si es en sus términos: discuten “qué es un rico”; desde qué nivel de riqueza se puede empezar; cuánto podrían pagar; a qué se tendrían que dedicar esos fondos. Entre otras cosas, ni se nos ocurre pensar en el absurdo y en el enorme agravio comparativo que supone, ¿puede el resto de la ciudadanía diseñar el sistema fiscal al que será sometida? Si esto no es la usurpación del poder democrático, habrá que explicarlo.

Incluso ahora, existen suficientes figuras fiscales para mejorar la recaudación de los más ricos sin grandes modificaciones legales, sin recurrir a las aportaciones graciosamente ofrecidas. Bastaría con que se revisasen las exenciones al impuesto de sociedades, o establecer gravámenes superiores a figuras como la imposición a los fondos de inversión y las sicav, o que se recuperara que la llamada imposición al ahorro que establece una tasa de imposición más baja para los intereses y dividendos que el cómputo de ingresos totales que regía hasta hace poco, o se incrementen los tipos de imposición a los tramos más altos del IRPF. Por no hablar de las posibilidades que ofrece la mejora del control del fraude fiscal –es curioso que entre algunos de estos muy ricos que piden ser taxados, en Francia, por ejemplo, aparece algún nombre hasta hace muy poco conocido por su grado de fraude fiscal–. Que empiecen por pagar lo que el sistema fiscal les puede exigir que paguen y ahora eluden con ingeniosas fórmulas fiscales legales.

El sistema económico y social actual no precisa de filantropía, requiere de derechos y actuaciones fiscales que aseguren a los entes públicos la capacidad de participar de forma regulada legalmente, y sin excepciones en la riqueza creada por la sociedad.
El objetivo de los más ricos no es ingenuo: pretenden adelantarse a que, ante la enorme acumulación de riqueza por unos pocos, esta se cuestione, pretenden que no se ponga en cuestión su derecho a seguir siendo muy ricos, se presentan como filántropos en lugar de absorbedores de la riqueza social y se aprestan a limitar el coste que están dispuestos a pagar por ello.
Incluso es necesario revisar los números con cuidado. Aunque es una propuesta de otro cariz, pensemos que en las recientes propuestas de recuperar el Impuesto sobre el Patrimonio y un impuesto a la banca, se prevé que el primero ingrese 1.080 millones de euros y el segundo en torno a 1.000 millones, mientras el antiguo Impuesto sobre el Patrimonio en su último ejercicio de vigencia recaudó 2.212 millones. ¿Filántropos progresistas además de más baratos? Inteligente combinación… para los ricos.

La supuesta filantropía de estos muy ricos consigue manejar el aparato del Estado como ellos quieren, pagar menos de lo que tendrán que hacer si la opinión pública realmente toma constancia de su privilegiada situación y, además, quedar como personas profundamente preocupadas por la situación social. ¡Que fantástica operación de imagen!

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El capitalismo senil

Miren Etxezarreta

Catedrática emérita de Economía Aplicada de la UAB

Ilustración por Dani Sanchís

Los medios de comunicación nos inundan con temas financieros: deudas, evaluaciones de agencias, tipos de interés, primas de riesgo, las probables consecuencias de todo ello, etcétera. Intentemos mirar más allá de estas apariencias y probemos a detectar algunos aspectos de lo que realmente significa el sistema económico en el que vivimos. Fundamentos que son iguales desde la consolidación del capitalismo, pero que ahora se muestran en toda su crudeza.
En primer lugar, aparece con fuerza la idea de que el sistema es totalmente tributario del crédito. No se debe olvidar que el crédito supone que se gasten en el presente los recursos del futuro. El capitalismo actual no puede subsistir, no tiene capacidad de reproducirse a sí mismo más que utilizando más y más recursos del futuro, dando saltos adelante hacia el vacío. Es también un sistema dirigido por unos agentes que controlan lo que llaman mercados, cuyo único objetivo es obtener el máximo beneficio para ellos. Esto siempre ha sido así en el capitalismo, pero ahora se hace explícito y adquiere la máxima legitimación. No les preocupa el crecimiento, la producción o el empleo. El mayor o menor bienestar para la población que el sistema pudiera generar subsidiariamente ha de estar totalmente subordinado a los fines de estos agentes.
Quienes dominan los mercados –unos pocos agentes financieros de enorme poder–, y quienes trabajan para ellos –unas agencias de evaluación cuyo carácter arbitrario y especulativo está ampliamente demostrado– parecen ser quienes controlan el mundo. Tres grandes agencias oligopolísticas dictaminan las decisiones del capital, estructurado en muy pocos pero imponentes conglomerados financieros. El resto de poderes están difuminados, debilitados, incapaces de controlar a estos grandes operadores mundiales. En todos los casos, los mercados y sus agentes dictarán la política que consideren adecuada, que consiste esencialmente en dar todas las facilidades al capital global. Muy pocas personas con inmenso poder someten al mundo.
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Insaciables

MIREN ETXEZARRETA
Catedrática emérita de Economía Aplicada de la UAB

Ilustración de Mikel Casal

Desde la llegada del neoliberalismo a la política económica con la crisis de los setenta –impulsado por los poderes económicos del mundo, con Thatcher y Reagan como valedores políticos, legitimados por una enorme cohorte de académicos, sobre todo economistas–, asistimos a un continuo ataque a los derechos laborales, sociales y cívicos de las poblaciones de los países “desarrollados”. La crisis actual, desde 2007 en adelante, está facilitando un nuevo y muy potente ataque a los intereses de estas poblaciones (lo que tampoco es obstáculo a que se intensifique la explotación de los demás pueblos del mundo globalizado).
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La economía sumergida

MIREN ETXEZARRETA

Según un informe publicado en mayo, la economía sumergida supone en España entre un quinto y una cuarte parte del PIB y de cuatro a cinco millones de trabajadores. Por ella, las arcas públicas han dejado de ingresar una media de unos 31.000 millones de euros al año entre 1989 y 2008. Y ha crecido muy intensamente –entre 1980 y 1985 era del 12,5% del PIB– hasta la crisis. Una actividad económica tan considerable deja patente que es una vieja fórmula consentida por las autoridades a pesar de suponer un importante fraude a la Seguridad Social, a los derechos de los trabajadores y, probablemente, también de naturaleza fiscal. Muchas empresas españolas logran con ello sustanciales beneficios y una flexibilidad total en sus relaciones laborales.
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